La Corte Suprema declaró la inconstitucionalidad de las normas que impiden el voto de los condenados

La Corte Suprema de Justicia

La Corte Suprema de Justicia confirmó un fallo de la Cámara Nacional Electoral que en 2016 permitió el derecho al voto de las personas condenadas por causas penales. En aquella resolución se instaba al Congreso Nacional a resolver “a la mayor brevedad” la regulación vigente relativa al derecho al sufragio de los condenados. No obstante, al pasar seis años de aquella sentencia, uno de los afectados que está preso, acudió ante el máximo tribunal para sostener que se le estaban impidiendo ejercer su derecho a sufragar.

En el fallo de la semana pasada, el supremo tribunal expresó que la condena impuesta por la cámara había seguido la línea del precedente fallo de “Mignone” y que en ambos casos se había dicho que el Poder Legislativo debía establecer las condiciones para hacer efectivo el derecho al voto de los condenados privados de su libertad.

Respecto al agravio del apelante, indicó que la fijación de un plazo indeterminado no significa que la sentencia sea meramente declarativa, ni que deje librado su cumplimiento al arbitrio de los órganos estatales competentes. Ello toda vez que la pauta temporal "a la mayor brevedad posible" contiene un límite claro, que implica el requerimiento de una conducta urgente que puede ser judicialmente exigida.

Cabe recordar que las personas privadas de su libertad votan desde el 2007. Antes los detenidos estaban dentro de las personas excluidas del sufragio por el Código Nacional Electoral y el Código Penal y gracias al fallo “Mignone”, que fue impulsado por el CELS y dictado por la Corte en 2002, permitió a los procesados a sufragar. Es decir que quedaron habilitados a votar quienes no tengan condena firme.

Sin embargo, en 2016, la Cámara Nacional Electoral declaró inconstitucional esa prohibición y le pidió al Congreso que modifique la ley ya que, según ese tribunal, la libertad es el único derecho del que los detenidos están privados, por lo que todos los demás se deben garantizar.

Sobre el voto de las personas privadas de su libertad, se puede mencionar que la Defensoría del Pueblo CABA viene realizando observaciones electorales en los distintos espacios de encierro de la Ciudad y como conclusiones se destacaron los siguientes:

  • Falta de conocimiento e información en general entre las autoridades sobre qué debía votarse y los criterios que habilitaban a las personas detenidas a votar.
  • Falta de información y capacitación de los electores, quienes no habían recibido una capacitación apropiada sobre qué se votaba, así como tampoco sobre la forma de hacerlo con la boleta única.
  • Disponibilidad de boletas. Dado que en los centros penitenciarios hay personas de diferentes partes del país, se debe garantizar la oferta electoral de cada una de las jurisdicciones. A nivel nacional (presidente- vicepresidente, diputados/as nacionales y senadores/as nacionales) estaban disponibles – aunque no siempre en las cantidades necesarias –pero no así las boletas de cargos locales, a excepción de las correspondientes a CABA . De esta forma, las únicas personas detenidas que pudieron elegir autoridades locales fueron las que tenían domicilio en la CABA. No obstante, si bien estas personas contaban con las boletas para elegir Jefe/a de Gobierno y Legisladores, no contaban con la posibilidad de votar a los/las comuneros/as correspondientes.
  • Se detectaron irregularidades e impedimentos al ejercicio del derecho a voto derivados de la falta de documento nacional de identidad (DNI) ya sea por no lo tenerlas consigo en el establecimiento o porque tenían su documento en trámite.

De esta manera, ahora le corresponde al Congreso Nacional sancionar una ley para ajustarse a la resolución de la Corte y poner fin a una vulneración de los derechos políticos y electorales de las personas con condena.

Para ver los informes de observación electoral de la Defensoría del Pueblo CABA, haga click aquí.